Estado y transparencia
La aplicación de la transparencia supone, en otras palabras, tratar a los ciudadanos como sujetos de derechos y no sólo como objetos de obligaciones
La transparencia pública es una de las demandas más sentidas de la ciudadanía frente a un Estado que se moderniza. Esta condición de importante connotación ética debe expresarse a través de múltiples manifestaciones. En primer lugar, en la respuesta adecuada a la demanda por un acceso rápido
a la información que los usuarios de los servicios públicos requieren para poder llevara cabo sus trámites en la forma más expedita y segura posible. Segundo, en el establecimiento de una política permanente de puertas abiertas frente a las consultas, reclamos o sugerencias de los ciudadanos. Finalmente, implica la obligación de los servicios públicos de rendir cuentas y entregar información periódica respecto de su labor. La aplicación de estos aspectos supone, en otras palabras, tratara los ciudadanos como sujetos de derechos y no sólo como objetos de obligaciones.
Sin embargo, y a pesar de lo central que resulta la transparencia para el esfuerzo modernizador del Estado, los esfuerzos para transformarla en una realidad en nuestro país se enfrentan con numerosos problemas. El primer obstáculo, lo encontramos en la propia cultura de ostracismo que ha caracterizado a la Administración Pública chilena. En virtud de ésta, se ha instalado el malentendido de que la información pública es propiedad de quienes trabajan en el Estado y no de los ciudadanos a quienes se sirve. Temas de la agenda de modernización, como la orientación a la calidad y la satisfacción del usuario, han empezado a cambiar esta equivocada práctica, aún cuando han podido eliminarla del todo.
Otro obstáculo lo constituye la falta de instrumentos y de instituciones dedicadas al cumplimiento de la necesaria labor de fortalecer la transparencia de la acción pública. Finalmente, la no regulación legal del derecho a acceder a la información pública, en muchos casos, que éste termina siendo o letra muerta o que se practica al arbitrio de la autoridad de fumo.
Afortunadamente, el proceso de Modernización de la Gestión Pública impulsado por el Gobierno considera la aplicación de medidas concretas para aminorar y revertir estos obstáculos y podemos decir que los resultados de este esfuerzo son claramente visibles en algunos ámbitos. La implementación de Oficinas de Información y Reclamos (OIR) en muchos servicios; el establecimiento de cartas de derechos ciudadanos; el proyecto de ley de acceso a la información pública presentado por el ejecutivo al Congreso, el creciente uso de Internet para acceder a la información pública, o la existencia de balances y memorias de todos los servicios, son signos inequívocos del compromiso del Gobierno y los funcionarios públicos por mejorar una situación que dista mucho de ser satisfactoria en términos de las aspiraciones de transparencia del proyecto actual del Estado chileno.
Estos avances deben llenarnos de esperanzas, así como estimulamos a redoblar nuestros esfuerzos por hacer cada día más transparente y digna la función pública. No olvidemos que esta es la clave para dos desafíos sin los cuales no hay modernización exitosa ni posible: el combate a la corrupción ("la transparencia desincentiva a los corruptos") y la existencia de una ciudadanía activa en la demanda por mayor calidad y un mejor Gobierno.
La transparencia pública es una de las demandas más sentidas de la ciudadanía frente a un Estado que se moderniza. Esta condición de importante connotación ética debe expresarse a través de múltiples manifestaciones. En primer lugar, en la respuesta adecuada a la demanda por un acceso rápido
a la información que los usuarios de los servicios públicos requieren para poder llevara cabo sus trámites en la forma más expedita y segura posible. Segundo, en el establecimiento de una política permanente de puertas abiertas frente a las consultas, reclamos o sugerencias de los ciudadanos. Finalmente, implica la obligación de los servicios públicos de rendir cuentas y entregar información periódica respecto de su labor. La aplicación de estos aspectos supone, en otras palabras, tratara los ciudadanos como sujetos de derechos y no sólo como objetos de obligaciones.
Sin embargo, y a pesar de lo central que resulta la transparencia para el esfuerzo modernizador del Estado, los esfuerzos para transformarla en una realidad en nuestro país se enfrentan con numerosos problemas. El primer obstáculo, lo encontramos en la propia cultura de ostracismo que ha caracterizado a la Administración Pública chilena. En virtud de ésta, se ha instalado el malentendido de que la información pública es propiedad de quienes trabajan en el Estado y no de los ciudadanos a quienes se sirve. Temas de la agenda de modernización, como la orientación a la calidad y la satisfacción del usuario, han empezado a cambiar esta equivocada práctica, aún cuando han podido eliminarla del todo.
Otro obstáculo lo constituye la falta de instrumentos y de instituciones dedicadas al cumplimiento de la necesaria labor de fortalecer la transparencia de la acción pública. Finalmente, la no regulación legal del derecho a acceder a la información pública, en muchos casos, que éste termina siendo o letra muerta o que se practica al arbitrio de la autoridad de fumo.
Afortunadamente, el proceso de Modernización de la Gestión Pública impulsado por el Gobierno considera la aplicación de medidas concretas para aminorar y revertir estos obstáculos y podemos decir que los resultados de este esfuerzo son claramente visibles en algunos ámbitos. La implementación de Oficinas de Información y Reclamos (OIR) en muchos servicios; el establecimiento de cartas de derechos ciudadanos; el proyecto de ley de acceso a la información pública presentado por el ejecutivo al Congreso, el creciente uso de Internet para acceder a la información pública, o la existencia de balances y memorias de todos los servicios, son signos inequívocos del compromiso del Gobierno y los funcionarios públicos por mejorar una situación que dista mucho de ser satisfactoria en términos de las aspiraciones de transparencia del proyecto actual del Estado chileno.
Estos avances deben llenarnos de esperanzas, así como estimulamos a redoblar nuestros esfuerzos por hacer cada día más transparente y digna la función pública. No olvidemos que esta es la clave para dos desafíos sin los cuales no hay modernización exitosa ni posible: el combate a la corrupción ("la transparencia desincentiva a los corruptos") y la existencia de una ciudadanía activa en la demanda por mayor calidad y un mejor Gobierno.
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